En la República Dominicana, como todavía ocurre en los Estados Unidos y otros países, las pensiones de los empleados que se retiraban eran pagadas con los aportes de los que continuaban activos.

La pensión solía calcularse en base al salario al momento del retiro, razón por la cual el empleado conocía de antemano cuál iba a ser el monto que recibiría luego de que cumpliera con los requisitos correspondientes, usualmente en cuanto a edad y años trabajados.

Esa certeza, sin embargo, era muchas veces ilusoria, pues el pago de la pensión quedaba a cargo de la empresa donde el empleado trabajaba y podía esfumarse si ésta desaparecía. O dependía de planes de pensiones, cuya solvencia era frecuentemente dudosa, aunque tuvieran personalidad jurídica propia.

En otros casos, las propias empresas tomaron prestados, para usarlos en sus operaciones, los recursos de los planes y los descapitalizaron.

Y existía un elemento de injusticia en el esquema, pues si el empleado salía de la empresa antes de tiempo, perdía su derecho a la pensión y sólo obtenía, si acaso, la devolución de sus aportes al plan.

La solución a esos problemas vino con la adopción en la República Dominicana del sistema de capitalización individual, copiado de Chile, en virtud del cual a cada empleado se le abre una cuenta en una de las Administradoras de Fondos de Pensiones existentes.

No importa dónde trabaje, el dinero de sus aportes y de la empresa para la que labora se deposita en esa cuenta a su nombre.

De ese modo se independiza la pensión de lo que pueda pasarle a la empresa y se logra que el trabajador no pierda sus derechos si cambia de trabajo.

Pero ya no hay certeza en cuanto al monto de la pensión, pues éste va a depender básicamente de lo que el empleado tenga acumulado cuando se retire, lo que a su vez dependerá de lo que haya aportado y de lo que su fondo haya ganado, como veremos en una próxima columna.

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De Gustavo Volmar