Santo Domingo.- Seis meses exactos se cumplen hoy desde que el presidente Leonel Fernández emitió el decreto 611-09 que ordena la puesta en marcha de un programa para construir viviendas económicas. A la fecha nada se ha materializado y aunque las últimas informaciones indican que ya se logró consenso en el reglamento de aplicación, los representantes del sector construcción dicen que el proyecto está “en el aire”.

De acuerdo a la resolución, el proyecto dejará de tener validez el 31 de diciembre de este año- dentro de 10 meses aproximadamente- también dictamina que el Ministerio de Hacienda, con dinero del Presupuesto Nacional, debía crear un fondo de RD$200 millones para descontar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) del valor de las viviendas económicas que sean adquiridas por familias de bajos ingresos.

“No hemos visto nada materializado, sabemos que se realizaron gestiones, pero hasta la fecha no hemos visto nada”, dijo al ser consultado ayer Víctor Payano, presidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (Codia).

Jaime González, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), había precisado que la reunión realizada fue con Alma Fernández, directora del Instituto Nacional de la Vivienda, en la que quedó elaborado el reglamento y los acuerdos del proyecto de viviendas económicas. “Ninguna autoridad habla del reglamento, aunque la dinamización de la construcción ha sido uno de los pilares propiciados por el gobierno”, indicó González en noviembre pasado.

El representante del sector construcción se refirió a que los promotores y constructores de viviendas tienen las manos atadas hasta que el reglamento circule.

El LÍSTÍN DIARIO fue el canal mediante el cual se realizó la propuesta de exonerar los impuestos a las constructoras que impulsaran viviendas económicas. La idea planteada en mayo de 2009 fue propuesta por Rafael Bisonó (Tato)

Detalle
En el párrafo uno, del artículo 1, el decreto indica que a los treinta días, a partir de la fecha de la emisión, la entidad debió hacer públicos los procedimientos, condiciones y características que los proyectos de viviendas deben obtener para ser calificadas como viviendas de bajo costo.

En el párrafo dos, del mismo artículo, cita que en adición a las características de ubicación, tamaño y calidad de los materiales, cada vivienda, según el plan general, deberá tener un valor máximo de un RD$1 millón 500 mil.

A la fecha no se conoce del primer dominicano que haya sido beneficiado con la aplicación del decreto que busca incentivar la construcción de viviendas económicas.

NO SE HAN LLENADO LAS EXPECTATIVAS
FALTA APOYO: El presidente de la Cámara Dominicana de la Construcción (Cadocon), Diego de Moya Canaán, explicó que las iniciativas de incentivo para el sector construcción, materializadas a través de la reducción del la tasa overnight (la que el BC paga a los bancos por depósitos nocturnos) y de la liberación de recursos del encaje legal, no han surgido el efecto dinamizador que se anunció y que también se espera. De Moya dijo que ha faltado el apoyo de la banca comercial, la cual exige muchos requisitos para el financiamiento de proyectos.

“Nadie se atreve a presentar proyectos porque nos exigen demasiado requisitos”, indicó ayer el presidente de la Cadocon.