Santo Domingo.- La comunidad de Sánchez Ramírez no quiere que se cierre la mina de oro, cobre y plata localizada en Pueblo Viejo, Cotuí, sino que el contrato suscrito entre el Estado dominicano y la empresa minera multinacional Barrick Gold sea sometido a una revisión para que ofrezca más beneficios al Estado y garantice la protección del entorno ambiental durante el proceso de extracción de los metales.

La petición la hicieron integrantes de una comisión provincial compuesta por los diputados Rafael Molina Lluberes y Cristian Paredes, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Sánchez Ramírez, Isidro Pichardo Santos; el presidente del Patronato y Consejo de Administración de los Fondos Mineros, Consesar Hernández, y el dirigente del Plan Integral de Desarrollo Comunitario, Anibal Acosta, quienes visitaron LISTÍN DIARIO para exponer sus inquietudes.

Molina Lluberes dijo que el contrato, cuyo informe fue aprobado por la Cámara de Diputados en una sesión de dos horas, establece que el Estado comenzará a recibir parte de las utilidades solamente después que la empresa recupere los US$3,000 millones de inversión, lo que implicaría un período mayor de cinco años.

“Las cúpulas de los partidos son responsables de que todos los bloques votaran por ese contrato sin conocerlo.

Yo no responsabilizo al Congreso, sino a las cúpulas”, denunció el diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

El presidente de la República, propuso el legislador, debe designar una comisión de juristas independientes para revisar el acuerdo porque contiene aspectos que no son convenientes.

Los dirigentes de Sánchez Ramírez también se oponen a que el beneficio del 5% correspondiente a la provincia no esté contemplado en los primeros cinco años de operación de la empresa minera, y a que el convenio no incluye un plan de manejo ambiental, a pesar de que la zona hoy presenta altos niveles de contaminación resultantes de más de tres décadas de actividad minera poco supervisada.

Creen que la Barrick Gold podría utilizar técnicas especiales para extraer las más importantes reservas metálicas antes de reportar el retorno de su inversión, con lo que estaría “cargando” con recursos multimillonarios a cambio del pago de la regalía correspondiente al 3.2% de las exportaciones (US$32 millones al año si la onza se mantiene a US$1,000).

“Nosotros proponemos un impuesto compensatorio transitorio de 10% para la recuperación del dinero del Estado y de la provincia”, señaló Cristian Paredes al referirse a la propuesta de modificación que los dirigentes hacen al presidente Leonel Fernández.

Con relación al problema de medio ambiente, Paredes advirtió que la empresa minera se dedica a abrir las compuertas de las presas de Mejita y Magajita para reducir la presión provocada por las lluvias. Esta liberación de agua, aseguró, se realiza sin que pase por las plantas de tratamiento, lo que contamina los arroyos de la zona. Consideró que al contrato tiene que incluírsele un Plan de Manejo Ambiental, “de forma que la provincia tenga las mismas garantías que tiene la Barrick”.

Otros sectores
Los dirigentes políticos, comuntarios y empresariales de la provincia Sánchez Ramírez aseguraron que los procesos de desalojo que se realizan en las áreas cercanas a la mina se hacen de forma irregular, por lo que pidieron más atención.

LLAMADO AL PRESIDENTE Y A LA SOCIEDAD CIVIL   
El diputado reformista Rafael Molina Lluberes aseguró que el director de Minería, Octavio López, se ha convertido en relacionador público de los inversionistas, lo mismo que el ministro de Industria y Comercio, José Ramón Fadul.

Molina Lluberes entiende que en el convenio faltó transparencia sobre el costo de producción de la onza de oro. Hizo un llamado, a nombre de la comisión  que visitó LISTÍN DIARIO, para que el presidente de la República, Leonel Fernández, mande a revisar el contrato porque alegadamente no garantiza la integridad de los auditores externos que deben registrar los libros.