SANTO DOMINGO.- La producción de alimentos de República Dominicana ha adquirido una dependencia fundamental de la mano de obra haitiana. El secretario de Trabajo, Max Puig, admitió que si el Estado aplica la ley laboral, que manda que la nómina debe ser en un 80% nacional, el sector agropecuario sufriría las consecuencias de inmediato.

Dado que la fuerza de trabajo haitiana no regulada es el pilar de la agropecuaria, el Gobierno y el sector privado deben llevar a cabo los procesos de regulación de esa mano de obra “paso a paso”, de modo que las ciudades no sufran el desabastecimiento, dijo Puig en el diálogo agroempresarial “Impacto de la mano de obra haitiana en la agropecuaria”, organizado por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).

“El proceso de regulación de la mano de obra haitiana ilegal en la agropecuaria debe ser llevado a cabo de forma paulatina, de modo que los agroempresarios no se queden sin recursos humanos de un momento a otro, lo que mermaría la producción”, declaró el funcionario en la sede de la JAD.

Dirigentes de diversos subsectores de la agropecuaria, los directivos de la JAD, el secretario de Trabajo y el director general de Migración, José Aníbal Sanz Jiminian, participaron en el diálogo sobre la incidencia de la mano de obra ilegal haitiana en la producción de alimentos, con el propósito de trazar políticas de regulación y aplicación de las leyes laborales.

Demandas
Productores de pollo, arroz y vegetales orientales, entre otros, se quejaron de que los haitianos indocumentados que emplean los demandan ante los tribunales de Trabajo por supuesto incumplimiento de las leyes laborales.

El presidente de la Asoaciación de Exportadores de Vegetales Orientales, Miguel Villar, explicó que los 43 integrantes de la entidad tienen 1,300 trabajadores haitianos y 350 de éstos demandaron al cluster por RD$20 millones, pero lograron acordar una compensación de dos millones de pesos.